La Asamblea General de la ONU adoptó en diciembre de 2005 la Convención Internacional para los Derechos de las Personas Discapacitadas. El tratado fue adoptado por consenso por los 192 países de la ONU, que lo considera un hito histórico" no sólo por sus disposiciones hacia la igualdad y respeto de los derechos de las personas discapacitadas, sino también por la rapidez en que se ha acordado el documento. "Es el primer tratado del siglo XXI en ser adoptado, el tratado que se ha negociado con mayor rapidez en la historia del derecho internacional", dijo Mark Malloch Brown, el vicesecretario general de la ONU, en nombre del saliente secretario general, Kofi Annan.

La convención será un instrumento jurídico vinculante para los gobiernos, quienes deberán introducir cambios en sus legislaciones referentes a mejorar y promover el acceso a la educación y al empleo de las personas discapacitadas.

Del mismo modo, deberán tomar medidas para mejorar la calidad de vida de las personas discapacitadas para que puedan tener acceso a sistemas de salud adecuados, a la información y a poder movilizarse sin obstáculos físicos.

También tiene como objetivo proteger y garantizar el disfrute y la igualdad plena de los discapacitados con el resto de personas en áreas como la participación en la vida pública, el sistema judicial y en el bienestar social.

Según la ONU, unos 650 millones de personas en el mundo, lo que representa un 10 por ciento de la población mundial, sufre algún tipo de discapacidades, visibles o no visibles, y un 80 por ciento de ellas viven en los países en desarrollo.

El tratado es el resultado de las negociaciones que empezaron de forma intensa cuando se creó en el 2002 un comité especial en la ONU para su elaboración, cuyo trabajo culminó el pasado agosto.

México fue el país que presentó oficialmente la propuesta de elaboración de la convención a la Asamblea General en agosto del 2001, y uno de sus mayores impulsores del tratado ha sido Gilberto Rincón-Gallardo, presidente del Consejo Nacional contra la Discriminación de su país. Rincón Gallardo manifestó que supone un "salto histórico", aunque reconoció que "no será fácil" su implementación por las implicaciones económicas que representan modificar los diseños urbanísticos y ajustes para la inclusión de los discapacitados en el ámbito escolar y laboral. "Esta convención supera el enfoque médico-asistencial para centrarse con profundidad en el tema de los derechos humanos. Abre el camino para que los gobiernos asuman su responsabilidad para quienes tienen necesidades especiales", subrayó.

El proceso de firma de la Convención se abrirá el 30 de marzo del 2007 y para que el tratado entre en vigor se requiere que al menos 20 estados miembros lo ratifiquen.

El texto de la Convención.

http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/draftconvention.html