El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteó al Gobierno que proceda con urgencia a la reforma del baremo oficial de valoración de las situaciones de discapacidad, para adaptarlo a las nuevas visiones internacionales.
  El actual baremo de valoración, aprobado en 1999, se basa, afirma el Cermi, en una concepción predominantemente médica de la discapacidad, minimizando los factores sociales y del entorno, que son determinantes para la existencia de una discapacidad, de acuerdo con la concepción vigente en la actualidad.
  El Cermi considera que el baremo necesita adecuarse al concepto de discapacidad de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que hace suyo el modelo social, y a la Clasificación Internacional sobre el Funcionamiento de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
  En su opinión, además de "conceptualmente desfasado", el baremo vigente presenta "enormes problemas a la hora de valorar determinadas situaciones de discapacidad, como las orgánicas, las que cursan con intermitencia o las emergentes".
 
Asimismo, el Cermi indica que la aprobación de un nuevo baremo es un compromiso electoral del Gobierno para esta legislatura, que el sector de la discapacidad exige que se acometa con celeridad.

Reclaman al Gobierno la reforma urgente del baremo oficial de la discapacidad
Para adaptarlo al resto de Europa
Servimedia / Madrid- 10/06/2009

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) planteó al Gobierno que proceda con urgencia a la reforma del baremo oficial de valoración de las situaciones de discapacidad, para adaptarlo a las nuevas visiones internacionales.
  El actual baremo de valoración, aprobado en 1999, se basa, afirma el Cermi, en una concepción predominantemente médica de la discapacidad, minimizando los factores sociales y del entorno, que son determinantes para la existencia de una discapacidad, de acuerdo con la concepción vigente en la actualidad.  El Cermi considera que el baremo necesita adecuarse al concepto de discapacidad de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que hace suyo el modelo social, y a la Clasificación Internacional sobre el Funcionamiento de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 En su opinión, además de "conceptualmente desfasado", el baremo vigente presenta "enormes problemas a la hora de valorar determinadas situaciones de discapacidad, como las orgánicas, las que cursan con intermitencia o las emergentes".
 Asimismo, el Cermi indica que la aprobación de un nuevo baremo es un compromiso electoral del Gobierno para esta legislatura, que el sector de la discapacidad exige que se acometa con celeridad

El Cermi reclama una ley nacional que garantice los servicios sociales a todos los ciudadanos
Ya que considera que todavía no tienen 'rango de derechos'
Servimedia / Madrid- 12/06/2009
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha planteado la necesidad de que el Estado se dote de una ley de garantía de derechos y servicios sociales, para hacer efectiva, en todo el territorio nacional, la inclusión social de todos los españoles.
"La desposesión actual del Gobierno central en materia de regulación de derechos sociales debilita las posibilidades de inclusión de los grupos en riesgo de exclusión, que necesitan un marco garantista estatal de derechos subjetivos que favorezcan la inclusión social", argumenta el citado comité.
 Y es que, afirma, "en estos años de competencias exclusivas de las comunidades autónomas, los servicios sociales no están garantizados y no alcanzan el rango de derechos", por lo que se trata de un "déficit que tiene que ser atacado" mediante una norma estatal que establezca unos mínimos iguales para toda España.
 Durante su intervención en el IV Congreso Nacional de Servicios Sociales, que tiene lugar en Zamora, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Cermi, recalcó que ha llegado el momento de que mediante una ley estatal se aseguren unos parámetros iguales de atención a todos los ciudadanos que precisen apoyos para su inclusión social.
  En opinión del Cermi, "resulta un contrasentido que un Estado moderno como el español carezca absolutamente de competencias en materia de garantía de derechos y servicios sociales y que solo sean las comunidades autónomas las que tengan potestad en estas cuestiones".
Para los grupos vulnerables y en riesgo de exclusión, como el de las personas con discapacidad, "es preferible", según el Cermi, "un sistema de garantía de derechos sociales de ámbito estatal, que asegure unos resultados de atención y apoyos, que 19 sistemas distintos, diversos y dispersos, que acentúan las desigualdades por razón de dónde se resida".
En este sentido, el órgano de representación de la discapacidad concluye que la actual Constitución ampara al Estado para dictar una ley de estas características, tanto a través de las competencias en la esfera de la Seguridad Social, como respecto de garantía de unas condiciones básicas de igualdad de todos los españoles.